Esta es una denuncia pública, que en lo esencial será parte de varias denuncias penales y administrativas, además de quejas, que en los próximos días estaré interponiendo en México, y si es necesario ante instancias internacionales.
El lunes 17 de octubre de 2022, a las 16:53 horas, mientras, para mi labor en la defensa de los derechos de las personas en actual estado de indigencia, pedía donaciones en el Nodo Vial Patria-Acueducto, ubicado en el cruce entre las avenidas Patria y Acueducto, en Zapopan, Jalisco, México, un sujeto, vistiendo chaleco del Gobierno de Zapopan, sin portar gafete ni mostrarme credencial de identificación alguna, cometió en mi contra una serie de abusos constitutivos de delitos, como los que el día anterior ya había cometido en mi contra un inspector del Ayuntamiento de Guadalajara, y que publico en esta otra página:
Denuncia pública contra Francisco Gerardo Cruz Frías por tortura y otros delitos
http://encompletoequilibrio.blogspot.com/2022/11/denuncia-publica-contra-francisco_12.html
Cuando le pregunté su nombre, me respondió solamente: "Fernando Aguilar".
Tras mi rechazo a su ilícita petición, me amenazó con mandar una foto y con que pasarían a apercibirme, y dos veces más con llamar a su coordinador; e incluso, se alejó unos metros y empezó a llamar o simular hacerlo. Mientras tanto, lo fotografié, con el fin de identificarlo y de denunciarlo, jurídica y públicamente.
Grabé el audio de la breve discusión, como prueba del conjunto de hechos delictivos que en tan solo 50 segundos este inspector cometió.
Contenido textual de este archivo:
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Buenas tardes, señor.
Roberto Patrón Zepeda: Buenas tardes.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Soy de Vigilancia.
Roberto Patrón Zepeda: Ah.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Este, no se permite en esta zona ningún tipo de comercio.
Roberto Patrón Zepeda: ¿Comercio? —objetando enseguida su absurdo reclamo, e interrumpiéndome el sujeto de inmediato en voz más alta, haciendo inentendible, en la grabación, lo que le dije.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Eeeeh..., yo lo sé, bueno, pero... ningún tipo de actividad tampoco.
Roberto Patrón Zepeda: ¿Ningún tipo de actividad? ¿Como qué, por ejemplo?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Esto, que está usted haciendo.
Roberto Patrón Zepeda: ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Solicitando dinero.
Roberto Patrón Zepeda: Ajá. Esa es una actividad como cualquier otra ¿no? El artículo 11 constitucional lo permite, andar por cualquier lugar.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: No, no; el reglamento de —aquí dice otra palabra, que no entendí o que no recuerdo y que, tras escuchar después la grabación de audio, no se entiende o no entiendo—, además, entonces...
Roberto Patrón Zepeda: No hay ningún reglamento —en relación con mi actividad—. ¿Cuál es el reglamento?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: De acuerdo, ahorita... mando la foto —me amenaza con otro ilícito, además de los que hasta el momento cometió—, y van a... pasar antes a apercibirlo —otra amenaza de otro ilícito, como si fuera poco la anterior—. A usted como persona —añade, como para hacerme sentir muy pequeño y desamparado, ante un Gobierno acostumbrado a ser corrupto, criminal e impune.
Roberto Patrón Zepeda: Ajá, okey, y entonces vamos a ver cuál es el reglamento ¿no?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: —aquí dice algo, una sola palabra probablemente (de unas tres sílabas), que no entendí o que no recuerdo y que, tras escuchar después la grabación del audio, no se entiende o no entiendo.
Roberto Patrón Zepeda: Gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Fernando Aguilar.
Roberto Patrón Zepeda: ¿Fernando Aguilar? ¿De dónde...
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Servidor.
Roberto Patrón Zepeda: ...es?
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Inspección y Vigilancia de Zapopan.
Roberto Patrón Zepeda: ¿Y el segundo apellido? —El inspector permanece en silencio—. Es que no trae gafete —añado—. Y es uno de los... este...
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Ahorita le hablo a mi coordinador, mejor —me amenaza de nuevo, a la vez que comienza a alejarse.
Puesto que es su obligación portar gafete e identificarse con credencial, mi pregunta es totalmente lícita y apropiada, y su respuesta es evasiva de su obligación, por conciencia del ilícito que estaba cometiendo en contra mía.
Y a la vez es obviamente su respuesta otra amenaza, una vez más del empleo de una fuerza de coacción ilícita mayor que la que él como mero inspector ha estado cometiendo en todo cuanto me ha dicho hasta aquí.
Roberto Patrón Zepeda: Lo que tiene forma de... tiene parte deee... es parte del reglamento.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Ahorita le hablo a mi coordinador —me repite, insistiendo en la amenaza de abusar y delinquir aún más, al tiempo que se aleja.
Roberto Patrón Zepeda: Okey.
Inspector Fernando Aguilar Arroyo: Muchas gracias.
El inspector se detiene a unos 15 metros de donde estoy, de tal modo que lo pueda seguir viendo, pero no pueda escucharlo, y marca o simula hacerlo en su celular, y enseguida habla.
Enseguida, saco el celular y lo empiezo a fotografiar, desde donde estoy parado, y, segundos después, él se aleja al darse cuenta de ello, hasta perdérseme de vista.
Mientras tanto, el otro arbitrario inspector, de Guadalajara, Francisco Gerardo Cruz Frías, continuaba acosándome y torturándome desde el lado de enfrente de la avenida (desde unos 10 metros de distancia), sin hacer otra cosa que estar parado de frente a mí y mirándome fijamente.
En ese momento, lo fotografío otra vez a él, de lo cual por supuesto se da cuenta inmediatamente, puesto que estaba mirándome fijamente, desde un largo rato antes, durante y después de la tortura psicológica, las amenazas de más ilícitos, el abuso de autoridad y de funciones, la intimidación y la coacción que el otro servidor público estaba también cometiendo en mi contra.
El inspector de Guadalajara, cruza la avenida hacia el nodo vial, en que estoy parado, y se va en la misma dirección que su colega de Zapopan. Le tomo otra fotografía. Y se me pierde él también de vista.
El inspector de Zapopan, Fernando Aguilar Arroyo, viola, además, tan solo en cuanto al Reglamento de Inspección y Vigilancia, cuando menos los artículos 7, párrafo primero, 11, párrafo primero, 17, incisos a) y s) de la fracción II, y 27, fracción III.
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ReglInspeccionVigilancia.pdf
El Reglamento de Inspección y Vigilancia, textualmente establece (con enorme cantidad de errores tipográficos):
Articulo 7.- Los Inspectores deberán actuar de manera responsable en el desempeño de sus labores, procurando que su actitud hacia los ciudadanos sea atenta y respetuosa, así como su actuar con estricto apego a la legalidad."
"Artículo 11.- El Secretario del Ayuntamiento expedirá un gafete que identificará a los inspectores, mismo que deberá estar firmado por el Presidente Municipal y portaran a la vista permanentemente durante el desarrollo de sus funciones."
"Artículo 17.- Al los Inspectores les corresponde:"
"II. Al Ejercer acciones de inspección y vigilancia en el cumplimiento de los Reglamento Municipales el inspector deberá:
a) Portar el gafete que lo acredite como tal o mostrar el oficio de comisión al momento de realizar la inspección."
"r) Las demás facultades que les confiera el Presidente Municipal, Director de Inspección y Vigilancia, el presente reglamento o el Cabildo según sea el caso."
Siempre y cuando no violen la Constitución, ni el resto de leyes y reglamentos sobre los que tienen que basarse. Sin violar, por poner un ejemplo, el artículo 16 de la Carta Magna, o el principio de legalidad, ni el principio general del Derecho que afirma que lo que no está prohibido está permitido.
"s) Solicitar el apoyo de la Fuerza Pública cuando sea necesario y su integridad o la de sus compañeros este en peligro al intentar realizar las labores propias y facultadas en el desempeño de sus funciones."
"Titulo Segundo
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS INSPECCIONES
Artículo 27.- Las inspecciones se realizan de la forma siguiente:"
"III. El inspector deberá identificarse ante el particular con credencial vigente pata tal efecto expida el Secretario del Ayuntamiento u oficio de comisión debidamente firmado por el Presidente municipal al igual que el personal especializado de cada Dirección que acompañe al inspector (peritos, ingenieros, médico etc.)"
En días posteriores al 17, investigué por Internet acerca de dicho inspector, en cuanto al cual hay la siguiente información en el sitio Web del Gobierno de Zapopan:
https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/11/Directorio_Octubre_2022.xlsx
Directorio_Octubre_2022.xlsx 1.49 MB
No he podido abrir este archivo, pero lo he convertido al formato TXT y así he podido ver que en él hay, entre otros, los siguientes datos al respecto:
"Ejercicio: 2022
Fecha de inicio del periodo que se informa: 10/1/2022
Fecha de término del periodo que se informa: 10/31/2022
Clave o nivel del puesto: Apoyo Operativo
Denominación del cargo: INSPECTOR MULTIMODAL
Nombre del servidor(a) público(a): FERNANDO
Primer apellido del servidor(a) público(a): AGUILAR
Segundo apellido del servidor(a) público(a): ARROYO
Área de adscripción: DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA
Fecha de alta en el cargo: 10/17/2022"
"Número(s) de teléfono oficial: 33-3818-2200
Extensión: 3700
Correo electrónico oficial, en su caso: sin correo oficial
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
Fecha de validación: 10/31/2022
Fecha de actualización: 11/11/2022"
En razón de los hechos antecedentes, interpondré en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) una denuncia en contra de Fernando Aguilar Arroyo y de Tatiana Esther Anaya Zúñiga, directora de Inspección y Vigilancia de Zapopan, con fundamento en los artículos citados más abajo, del Código Penal para el Estado de Jalisco, por los delitos de Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público.
Otra denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por los delitos de Tortura, Amenazas (con Intimidación, Coacción y Acoso), Delitos contra la Dignidad de las Personas, Asociación Delictuosa y Encubrimiento.
El delito de Encubrimiento, es evidentemente el que está cometiendo el Gobierno, de todos niveles —en todos los estados y ciudades— en la República Mexicana, al tratar de ocultar y al de hecho esconder las extremadamente graves violaciones de derechos humanos que el mismo está cometiendo sistémicamente contra alrededor de 15 millones de personas en estado de indigencia en México y contra miles en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mediante actos represivos como estos en lugares que, por ser de clase alta o por ser turísticos, se consideran "inapropiados" para la presencia y el conocimiento de esta realidad, que afectan la criminalmente falsa imagen de justos que estos Gobiernos pretenden mostrar, a fin de perpetuar su corrupción e ineptitud extremas al gobernar.
Y la Asociación Delictuosa es la que los delitos este día en mi contra cometidos por Fernando Aguilar Arroyo, los cometidos en igual sentido por varios agentes de la policía del mismo municipio el 13 de noviembre y por otro inspector de Zapopan cuatro días después, hacen muy claramente deducir que existe entre los inspectores, policías y sus superiores jerárquicos, en la Dirección de Inspección y Vigilancia, en la Comisaría y, muy probablemente, en la Presidencia de Zapopan, de donde aquellos están recibiendo las órdenes de cometer, cuando menos, esos hechos delictivos.
Y, con fundamento en el artículo también citado más abajo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, otra denuncia por la falta administrativa grave de Abuso de funciones.
E interpondré también otra denuncia, desde luego, en contra del mismo sujeto, Fernando Aguilar Arroyo, ante el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco, por los actos discriminatorios que en mi contra y en contra de todos los indigentes cometió a través del 16 y el 17 de octubre, y de los albañiles el día 17. Y en contra de sus superiores jerárquicos, de la antedicha dependencia del Gobierno de Guadalajara.
También interpondré denuncia en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por desatender la denuncia y la queja que el 15 de noviembre envié al respecto a ese organismo; y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 154-J y 263, párrafos primero y tercero, del Código Penal para el Estado de Jalisco, por omitir su obligación de denunciar la tortura y los otros delitos que por medio de dicha queja hice de su conocimiento.
Fundamentación de las antedichas denuncias y queja:
Tortura. Artículo 154-H, párrafos primero y segundo y fracción II; Artículo 154-I, fracción IV; Artículo 154-J.
"Artículo 154-H. Comete el delito de tortura el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.
Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión que persiga o conduzca a disminuir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica.
De igual modo, comete el delito de tortura:"
"II. El servidor público que autorice, instigue, induzca, compela, tolere o se sirva de un particular o de un servidor público para la realización de alguna de las conductas descritas en los párrafos anteriores de este artículo.
Al responsable de este delito se le impondrá prisión de tres a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, destitución de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la punibilidad señalada.
El delito de tortura se considera permanente e imprescriptible.
No podrá invocarse como causa de justificación en la comisión del delito de tortura, la orden de un superior jerárquico o de cualquier otra autoridad, la existencia de situaciones excepcionales como inestabilidad política interna, estado de guerra o amenaza de guerra, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en las investigaciones, peligrosidad del indiciado, urgencia en las investigaciones o cualquier otra circunstancia análoga o de emergencia pública."
"Artículo 154-I. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará en una tercera parte cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:"
"IV. Que la conducta sea ejecutada con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito;"
Artículo 154-J. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y no lo denuncie de inmediato ante la autoridad correspondiente, se le impondrán de dos a cinco años de prisión, de doscientos a quinientos días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión, hasta por dos tantos del lapso de pena de prisión impuesta, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones aplicables."
Abuso de Autoridad. Artículo 146, fracciones II, IV y VII:
"Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, que incurra en alguno de los casos siguientes:"
"II. Cuando en el ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona, sin causa legítima, o la vejare;"
"IV. Cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado;"
"VII. Cuando aproveche el poder y autoridad propias del empleo, cargo o comisión que desempeñe, para satisfacer, indebidamente, algún interés propio o de cualquiera otra persona, que no sea de orden económico;"
"Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrán las siguientes sanciones:"
"c) Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico, se impondrán al responsable, de uno a cinco años de prisión."
Ejercicio Indebido y Abandono del Servicio Público. Artículo 145, fracción IV:
"Artículo 145. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de treinta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el término de seis meses a tres años, y destitución, en su caso, del que estuvieren desempeñando legalmente, a los servidores públicos que incurran en alguno de los casos siguientes:"
"IV. Que ejerza alguna comisión, empleo o cargo, distinto del que realmente tuviese;"
Delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros Ramos del Poder Público. Artículo 154, fracciones VII y XII:
"Artículo 154. Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes casos:"
"VII. Ejecutar actos, o incurrir en omisiones, que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio, o a cualquier otra persona;"
"XII. Procurar la impunidad de los delitos o faltas de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de hacer denuncia de ellos o entorpecer su investigación;"
Amenazas. Artículo 188.
"Artículo 188. Se impondrán de quince días a un año de prisión o multa por el importe de dos a ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que de cualquier modo, anuncie a otro su intención de causarle un mal futuro en su persona, honor, prestigio, bienes o derechos, o en la persona, honor, prestigio, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado el ofendido por algún vínculo.
Cuando las amenazas sean leves, se exigirá caución de no ofender, pero si el responsable se niega a otorgar la caución, se le impondrá la pena prevista en el párrafo anterior.
Si cumple la amenaza, se le impondrán además las penas que procedan por los delitos que resulten.
Cuando el delito a que se refiere el presente artículo se cometa en contra de un periodista y con motivo de su actividad como tal, las penas aumentarán en un tercio.
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida."
Delitos contra la Dignidad de las Personas. Artículo 202 Bis, fracciones I, III, IV e, indirectamente, V:
"Artículo 202 Bis. Se impondrán de cincuenta a cien días de multa o de treinta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona.
Al reincidente, se le impondrá de uno a tres años de prisión.
Las mismas penas se impondrán a quien:
I. Provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas;
II. Niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que tiene derecho el público en general;
III. Veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo de personas;
IV. Niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos; o
V. Niegue o restrinja los derechos educativos y de salud."
"Al servidor público que, por las razones previstas en este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el presente artículo y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta."
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Discriminación
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
"Título Primero
Capítulo I
De los Derechos Humanos y sus Garantías
Artículo 1o."
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
****************************
Encubrimiento. Artículo 263, párrafos primero y tercero.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco
"Artículo 263. Se impondrán de un mes a tres años de prisión al que, después de la ejecución del delito y sin haber tenido en éste alguna de las intervenciones señaladas en el artículo 19, ayude en cualquiera forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a substraerse a la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas, instrumentos u objetos del delito o asegure para sí, o para el inculpado, el producto del mismo."
"Igual sanción se impondrá a quien no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio."
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Abuso de funciones. Artículo 57.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
"De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos"
"Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia."
"Capítulo II
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;
III. Sanción económica, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación."
"Artículo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 78 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:
I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
III. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable."
Respaldos de esta publicación:
Nov-11-2022
Nov-12-2022
Dic-12-2022
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